Bogotá D.C., Colombia . – En una decisión que impacta el bolsillo de millones de colombianos y la economía del país, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el salario mínimo para el año 2026 en $1.750.905.
¿Por qué se tomó esta decisión?
La Sala de lo Contencioso Administrativo determinó que, tras un análisis preliminar, el incremento del 23% ordenado por el Ejecutivo parece desbordar los parámetros legales establecidos en la Ley 278 de 1996. Según los demandantes, entre los que se encuentran gremios como FENALCO y diversos ciudadanos, el Gobierno sustituyó los criterios técnicos obligatorios (como la inflación y la productividad) por un concepto denominado “salario vital”, el cual no está incorporado formalmente en la ley colombiana para estos fines.
Los puntos clave del fallo:
Desproporción: Mientras la inflación causada se reportó en un 5,3% y la productividad en un 0,91%, el aumento fijado (23%) cuatriplicaba la inflación, generando una posible infracción directa al ordenamiento jurídico.
Falta de motivación técnica: El tribunal observó que el Gobierno no explicó de manera suficiente cómo cada uno de los factores legales incidió en la cifra final, basándose en un estudio de la OIT que no tiene fuerza vinculante para desplazar la ley nacional.
Riesgos económicos: Se advirtió que mantener este aumento podría causar perjuicios irreversibles en la generación de empleo formal, la estabilidad de las MiPymes y la inflación en el país.
¿Qué pasará ahora con el salario mínimo?
El Consejo de Estado no dejó un vacío legal. En su decisión, ordenó a las entidades demandadas (Ministerio del Trabajo, Hacienda y Presidencia) que procedan a realizar una fijación sustitutiva y transitoria del salario mínimo para la vigencia 2026.
Esta nueva cifra deberá ajustarse estrictamente a los mandatos legales y constitucionales mientras se dicta una sentencia definitiva sobre la nulidad del decreto original. Por ahora, el valor de $1.750.905 se mantendrá vigente únicamente hasta que el Gobierno publique el nuevo decreto con el ajuste ordenado por el alto tribunal.
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