Andalucía, Valle del Cauca . – Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de la libertad a dos servidores de la Policía Nacional, quienes habrían abordado a un ciudadano y al parecer le exigieron $1.500.000, a cambio de no judicializarlo por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y una munición.
Los hechos se registraron el 20 de enero de 2020, en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca).
Los afectados con la decisión son: el intendente Jonny Alfonso López Molano y el patrullero Ernesto Cavadía Carpintero, quienes al momento de la captura se encontraban en servicio.
Según las investigaciones, los hoy procesados al parecer dejaron la motocicleta del ciudadano a disposición de la Secretaría de Tránsito de esa localidad con documentos falsos, pues en ellos indicaban que el vehículo lo habían hallado abandonado; sin embargo, se evidenció que la víctima y el rodante fueron trasladados a la estación de policía.
Gracias a las investigaciones, la Fiscalía estableció la plena identidad de los presuntos implicados, por lo que solicitó orden de captura en su contra, las cuales se hicieron efectivas por personal de la Sijín de la Policía Nacional el pasado fin de semana.
López Molano fue capturado en flagrancia por las autoridades, ya que le incautaron un maletín que contenía: 2 armas de fuego fabricación artesanal; 1 arma de fuego original marca Prieto Beretta, calibre 22; 1 cargador para fusil calibre 7.62; así como 23 cartuchos calibre 5.56 para fusil y 33 cartuchos calibre 7.62 para fusil.
En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló imputación de cargos en contra de Jonny Alfonso López Molano por los delitos de falsedad ideológica en documento público; concusión y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivo; así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En el caso del patrullero Ernesto Cavadía Carpintero, la Fiscalía le formuló imputación de cargos por el delito de concusión.
Por determinación del juez, los presuntos implicados, quienes no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
