- La presencia del artista Nelson Velásquez en un pabellón de máxima seguridad detonó la ruptura de la interlocución. El Ministerio de Justicia ordenó la suspensión del director del penal y de siete funcionarios del INPEC.
Bogotá D.C., Colombia . – El proceso de diálogo sociojurídico que el Gobierno nacional adelantaba con las estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá ha sufrido un duro revés. Tras la revelación de una “parranda vallenata” al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, el Ejecutivo tomó la determinación de suspender de forma inmediata la mesa de conversaciones.

El escándalo estalló luego de que se conociera que el reconocido artista Nelson Velásquez ingresó al centro de reclusión para amenizar una fiesta privada de los cabecillas allí recluidos. La decisión de congelar los diálogos fue comunicada por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien calificó el hecho como una afrenta a la institucionalidad.
Investigación y purga administrativa
Ante la gravedad de lo ocurrido, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) reaccionó de manera contundente:
Suspensión del director: Se ordenó el retiro temporal del cargo del director de la cárcel de Itagüí.
Funcionarios implicados: Siete funcionarios de la guardia penitenciaria fueron suspendidos de sus labores mientras se establece cómo permitieron el ingreso del cantante y los equipos de sonido.
Intervención de pabellones: Unidades especiales realizaron una requisa y verificación en los sectores de máxima seguridad para retomar el control del orden interno.
El Ministerio de Justicia aclaró en un comunicado oficial que la actividad “en ningún momento fue aprobada ni autorizada” por el Gobierno nacional ni por la Dirección General del Instituto.
Ruptura de la interlocución
La delegación del Gobierno en el proceso de Paz Urbana fue enfática al rechazar los hechos, señalando que estos episodios desvirtúan la naturaleza del espacio sociojurídico. La representación oficial indicó que estas “garantías” no forman parte de lo pactado en la mesa de negociación.
“Se anuncia la suspensión de la interlocución con los voceros de estas estructuras hasta que se esclarezcan las responsabilidades”, dicta el comunicado de la delegación gubernamental.
Por ahora, el futuro de los acercamientos con las bandas criminales de la capital antioqueña queda en el aire, supeditado a los resultados de la investigación penal y disciplinaria que busca determinar quién dio la orden de abrir las puertas del penal al ritmo de vallenato.
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